Separatismo
y manipulación social
Antonio Jimeno Fernández
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Deustch
/ English / Francés / Holandes.
En
los años ochenta los gobiernos liderados por
Jordi Pujol se plantearon el objetivo de que Cataluña,
por métodos pacíficos, llegara a ser una
nación independiente del resto de España.
Esto les llevó a utilizar los principales
mecanismos de manipulación social para conseguirlo.
El
ser humano, sea cual sea su nivel cultural, se rebela
ante las injusticias y es capaz de reaccionar con firmeza
y capacidad de sacrificio, pero es incapaz de mantener
esa lucha durante muchos años, de superar la
traición de sus líderes y de seguir luchando
cuando la mayoría ya no lo hace, o cuando el
problema ya no le afecta.
Conscientes
de ello, los impulsores del proceso separatista de Cataluña,
acordaron una estrategia basada en que éste debía
ser un proceso muy lento, de más de veinte años,
y que debía abarcar todos los sectores de la
actividad humana. Es lo que se recoge en el llamado
Programa
2000, iniciado en los años ochenta y que fue
publicado en 1990 en el diario "El Periódico".
La primera acción que realizaron
fue imponer el uso exclusivo del catalán en la
enseñanza, en todas las administraciones, en
los medios de comunicación públicos, o
subvencionados con fondos públicos, y animar
a hacer lo mismo a todas las empresas de Cataluña.
Una prueba de ello fue la ley de Normalización
Lingüística de 1983.
Esto
vino acompañado de la imposición de un
cambio de estilo respecto a la forma de referirse a
España y a todo lo español. Este cambio
consistió en presentar a los gobiernos de España,
tanto a los pasados como a los contemporáneos,
como los grandes enemigos de Cataluña, de su
economía, de su lengua y de su cultura; de no
hacer ninguna referencia a nada positivo que pudieran
hacer los españoles en ningún campo, sea
político, social, económico, cultural
o deportivo; de ridiculizar todo lo que es común
a todos los españoles, como es la monarquía,
la constitución, el ejército, la guardia
civil, los trenes, las autopistas, la gestión
de los puertos y aeropuertos, etc. Por ejemplo, en la
información política se trataba de resaltar
mucho más los acuerdos autonómicos que
las leyes generales que están por encima, en
la información deportiva se trataba de no decir
que el ganador era español, pero sí destacar
si era catalán, aunque hubiera quedado más
abajo, en la información meteorológica
se debían dar los datos de todas las poblaciones
de los mal llamados países catalanes, pero no
los de Aragón, aunque, por ejemplo, Alicante
esté mucho más lejos de Cataluña
que Huesca o Zaragoza, etc.
Se
actuó sobre la lengua y sobre los sentimientos
porque las diferencias entre dos naciones básicamente
son estas: el tener una lengua diferente y un relato
emocional de la historia distinto. Por ello, los
separatistas se volcaron en estos dos aspectos, muchas
veces desviando fondos inicialmente destinados a la
sanidad, a la educación y a las infraestructuras.
Conseguir todo lo anterior no fue una tarea fácil,
ya que en la mayoría de las familias catalanas
hay personas procedentes del resto de España.
Se consiguió gracias a que el proceso se desarrolló
lentamente, incluso frenándolo temporalmente
cuando las protestas eran muchas, y aplicando a la perfección
el principio de "conformación con el grupo"
de Asch, el de "obediencia a la autoridad"
de Milgram, y el "método del golpe de Estado
blando" de Sharp.
El
principio de "conformidad con el grupo" fue
propuesto por el psicólogo social Solomon Asch,
tras realizar un experimento en el que a una persona
se le mostraban tres líneas de longitud parecida
y se le preguntaba cuál de ellas era la más
larga, pero después de que otras personas, que
en realidad eran actores, mayoritariamente se habían
inclinado por la segunda línea en longitud. Asch
comprobó que la influencia del grupo es tan grande,
que bastantes personas no se atreven a enfrentarse al
grupo para mantener su propio criterio, sino que tienden
a aceptar la opinión del grupo e incluso llegan
a utilizar las mismas palabras y los mismos planteamientos
del grupo, para así ser plenamente aceptados.
Es lo que actualmente se denomina ser políticamente
correcto. En conclusión, que el miedo a ser
reprobado por el grupo puede propiciar que el individuo
no quiera ejercer su libertad de pensamiento, es decir
que inconscientemente asuma que su personalidad quede
anulada.
Como
en Cataluña casi la mitad de la población
es catalanohablante y con varias generaciones nacidas
en Cataluña, la propuesta del nuevo gobierno
de priorizar el catalán sobre el castellano y
de sentirse víctima del resto de España,
fue bien acogida por muchos de ellos y así se
inició un proceso de envalentonamiento que los
llevó a empoderarse de los ambientes sociales,
laborales, educativos, mediáticos e incluso familiares.
Bastaba con que una persona dijera que ella ya siempre
hablaba y escribía en catalán, para ser
bien aceptada. Y si, además, comentaba que todos
los problemas de Cataluña se debían a
la torpeza y mala fe del gobierno de Madrid, entonces
ya se le abrían todas las puertas. El pensamiento
del grupo organizado, como siempre sucede, se fue imponiendo.
Algo que debería tenerse más en cuenta
en las democracias, para evitar que los ciudadanos organizados
aplasten a los no organizados.
El
principio de "obediencia a la autoridad" fue
propuesto por el psicólogo Stanley Milgram,
después de realizar un experimento consistente
en proponer a dos personas, que no se conocían
entre ellas, participar en una prueba en la que una
de ellas, por sorteo, sería el aprendiz e iría
a una determinada habitación, en la que sería
preguntado y en la que, si se equivocaba, recibiría
una pequeña descarga eléctrica. La otra
persona haría de maestro, estaría en otra
habitación, en la que también estaría
el psicólogo, y sería la que haría
las preguntas y pulsaría el interruptor. En realidad
el sorteo estaba apañado, el aprendiz era un
actor y no recibía ninguna descarga, pero la
persona que hacía de maestro no lo sabía.
Cuando esta persona se apenaba del que hacía
de aprendiz, porque fallaba muchas veces, y preguntaba
al psicólogo si ya se podía acabar el
experimento, el psicólogo siempre contestaba
frases como "Siga, por favor", "El experimento
precisa que usted siga", "Es absolutamente
esencial que continúe", "Debe continuar",
etc.; El experimento se repitió con muchas personas
y el resultado fue que en el 65% de los casos el maestro
obedecía y seguía enviando descargas,
aunque éstas fueran muchas. La conclusión
es que una proporción importante de las personas
considera que lo correcto es hacer lo que les han dicho
que hagan, es decir seguir las directrices del líder
o de la mayoría, sin cuestionarse si éstas
están bien o mal, y con más razón
si, una vez consultado, se les ha respondido que lo
sigan haciendo. Unas lo hacen porque están de
acuerdo con que siempre se debe hacer lo que se dice
desde arriba, y otras porque saben que desobedecer les
puede comportar complicaciones.
El
principio de "obediencia a la autoridad" explica
que muchos separatistas no reaccionen contra planteamientos
de sus líderes que claramente son una agresión
a los derechos básicos de las personas. Por
ejemplo, mantenerse firmes en: negar el derecho de los
padres a que sus hijos, al empezar su escolarización,
sean atendidos en su lengua materna, estar de acuerdo
en continuar con unos medios de comunicación
públicos de Cataluña en los que no se
utiliza nunca el español y en los que no puedan
participar, por igual, personas partidarias de que Cataluña
siga siendo parte de España, parecerles bien
que en los centros educativos haya símbolos y
se haga propaganda de sus opciones políticas
partidistas, que no se impida que los libros de texto
contengan esos mismos planteamientos y que en ellos
se propicie la aversión al resto de España,
que continúe la normativa de multar a las empresas
que rotulan sus productos solo en castellano, que no
se establezca que todos los escritos de una comunidad
con dos lenguas cooficiales deben estar redactados en
las dos lenguas, incluidos los rótulos de las
calles, etc.
El
"método del golpe de Estado blando",
ideado por el politólogo Gene Sharp, es un
conjunto de técnicas no violentas, encaminadas
a desestabilizar un gobierno, sin que se note que es
la consecuencia de un plan. Los gobernantes de Cataluña
y sus ideólogos lo iniciaron difundiendo rumores
de corrupción de determinados miembros del gobierno
de España, denunciando en las redes sociales
que estos políticos estaban favoreciendo a sus
familiares y amigos, que no se preocupaban suficientemente
del país, y que estaban muy enfrentados entre
ellos. Luego se les acusó de totalitarismo porque
coartaban la libertad de prensa y porque no respetaban
los derechos humanos de los más desfavorecidos.
A continuación se movilizaron colectivos con
algún problema, para organizar manifestaciones
reivindicando mejoras sociales y exigiendo, como solución,
que el Gobierno de España delegara muchas de
sus competencias en otras entidades. Se procuró
que estas manifestaciones fueran lo más numerosas,
molestas y duraderas posibles, y que siempre se hicieran
ante los edificios del gobierno nacional, nunca ante
los del gobierno autonómico, a la vez que, cínicamente,
se pedía que no intervinieran las fuerzas de
orden público, para evitar males peores.
Posteriormente,
el gobierno autonómico catalán empezó
a hacer declaraciones de que no cumpliría tal
o cual normativa, luego pasó a realmente no cumplirlas,
después a hacer normativas que incumplían
las leyes estatales, posteriormente a no cumplir las
sentencias de los tribunales a la vez que se pedía
diálogo y se hacían declaraciones victimistas
en foros internacionales. Se trataba de evidenciar la
incapacidad del gobierno central para gobernar el país.
A
continuación se aumentó la presión
en la calle con grandes concentraciones, como las del
11 de septiembre, fiesta oficial de Cataluña,
a la vez que se difundía la idea de que la solución
a todos los problemas simplemente consistía en
que el gobierno de España cediera a sus pretensiones
de hacer un referéndum de autodeterminación
en la que solo votaran los catalanes, es decir, sin
dejar que el resto de los españoles pudieran
votar sobre el futuro de su propio país. Cuando
contra esta decisión unilateral e inconstitucional,
llevada a cabo el 1 de octubre de 2017, intervinieron
las fuerzas de orden público, se animó
a la población independentista a hacer una resistencia
pasiva y las imágenes se enviaron al exterior,
para desprestigiar aún más al gobierno
de España, con el objetivo de aislarlo internacionalmente.
No les importó, ni les importa ahora, que debido
a la inestabilidad que ellos habían creado, muchas
empresas catalanas se fueran de Cataluña, ni
que otras no vinieran, dado que cuanto más aumenten
los problemas económicos, más difícil
le va a resultar al gobierno de España aguantar
esta inestabilidad.
El
otro aspecto que se citó al principio de este
escrito, para conseguir un cambio de mentalidad en la
sociedad, es decir para manipularla, es la enorme
frustración y paralización que sufre el
ser humano cuando constata que aquellos, en quienes
había depositado su confianza para que lo defendieran,
utilizan dicha confianza para primero alzarse y luego
pactar con sus agresores. Es lo que ha sucedido
siempre con los gobiernos de España, fueran del
PSOE o del PP. Ambos partidos siempre que han necesitado
un puñado de diputados para mandar en el resto
de España, no han dudado en pactar con los partidos
nacionalistas, pese a que ello implicaba permitirles
seguir con la exclusión del español y
el adoctrinamiento ideológico partidista en sus
comunidades. Ha sido un gran error que estos dos partidos
no pactaran entre ellos, priorizando los intereses de
su país, sobre los intereses de sus partidos.
Es evidente que transición política no
se hizo bien, al no quedarse el Estado con medidas que
permitieran controlar lo que se enseña en todas
las escuelas y que permitieran actuar contra los ataques
a las libertades de los ciudadanos por parte de los
poderes políticos locales. Hoy se ve que nuestra
transición política no es un buen modelo
para nadie.
Lo
más importante del problema no es que un país
se rompa, lo más importante es que surja un nuevo
país en el que la mitad de los ciudadanos pasen
a ser ciudadanos de segunda clase, sin derecho a
hablar en su lengua, condenados a asumir el pensamiento
único de su Gobierno, a convivir con delatores
de su pensamientos, con unos medios de comunicación
convertidos en medios de propaganda política,
con un poder judicial obediente, con un tejido empresarial
de adictos al Gobierno y con unos lugares de trabajo
a los que siempre tendrán preferencia los otros,
porque en un país pequeño, todos se conocen.
Para
evitarlo hay que hacer justo lo contrario que ellos
han hecho, hay que defender vivir en un país
en el que nadie quiera imponer ni su lengua, ni sus
ideas políticas al resto, en el que las escuelas
sean políticamente neutrales, los medios de comunicación
sean plurales en cuanto a lengua y planteamientos, y
en el que todos sean considerados ciudadanos de primera
clase. Esto es tanto mejor para todos, que es seguro
que al final se conseguirá.
Antonio
Jimeno Fernández
info@sociedadeslibres.com
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