2019

Sociedades libres (SL)

Un portal sobre el proceso secesionista seguido en Cataluña por sus dirigentes políticos

Traducción al alemán, catalán e inglés

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La Cataluña que jamás existió
Román Langosto

Impedir que la gente pueda acudir a su trabajo con seguridad y absoluta normalidad ya es un delito, pero que eso se haga siguiendo las consignas de un asesino convicto y confeso, autor de la muerte de un ciudadano respetable, habiendo sido también acusado y no probada su participación en la muerte de otro, sobrepasa el concepto jurídico de culpa y entra de lleno en la ética. Que, además, el sujeto en cuestión haya sido miembro de dos grupos armados que actuaron en plena democracia en actividades terroristas pone nota a los obedientes individuos que siguen sus consignas. Que, encima, el sujeto aludido presida un sindicato de corte rabiosamente separatista, minoritario e insignificante también otorga calificación a sus supuestos votantes.

Carles Sastre. Dirigente de Intersindical-CSC, el sindicato convocante de la huelga general en Cataluña el 21 de febrero de 2019. Fundador del grupo terrorista Terra Lliure. Fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato en 1977 del empresario José María Bultó, propietario de la fábrica de motos Bultaco, mediante una bomba adosada al pecho y la amenaza de hacerla estallar si no pagaba 500 millones de pesetas. El empresario se negó y la bomba estalló. Unos meses después, en 1978, fue asesinado el exalcalde de Barcelona Joaquín Viola Sauret y su esposa, Montserrat Tarragona Corbella también mediante una bomba en el pecho. de la misma forma en circunstancias similares a la muerte de Bultó.

No es discutible, obviamente, la reinserción social de cualquier delincuente tras haber cumplido la pena impuesta. Y no es discutible porque está recogida en la Constitución. Ahora bien, antes hemos hablado de ética. Detener ilegalmente a los ciudadanos que acuden a trabajar o a cualquier otro asunto, supone un desprecio a la libertad, la personal y la social, de dimensiones insoslayables. Impedir ilegalmente que esos mismos ciudadanos puedan desempeñar sus funciones diarias, sin atender a detalles, también es un menosprecio de primer orden.

Carlos Sastre fue condenado en 1985 a 30 años de prisión por el asesinato de Bultó y en julio de 1987 a 18 más por pertenencia a banda armada y tenencia de armas, de los cuales solo cumplió once. Fue absuelto del asesinato de Viola y de su esposa por falta de pruebas.

Carlos Sastre formó parte de las listas electorales de la CUP en las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012 en la circunscripción de Lérida.

Desde 2013 lidera la Intersindical CSC, un sindicato de ámbito catalán que se declara independentista.

Hacer todo eso, además de siguiendo directrices como las apuntadas, en virtud de soliviantar a la ciudadanía en favor de unos dirigentes políticos que están siendo juzgados por sus concretas actividades en un momento determinado -y jamás por sus opiniones, pues no existen presos políticos en España desde el final de la dictadura franquista-, daña, como decimos, la más grosera percepción ética.

De izquierda a derecha: Carlos Sastre Benlliure, secretario general de la Intersindical CSC, Joan Tardà i Coma, diputado en el Congreso de los Diputados en representación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partidario de la secesión de Cataluña y Arnaldo Otegi Mondragon, coordinador general de Euskal Herria Bildu (EH Bildu). Ha sido encarcelado en cinco ocasiones por apología del terrorismo y colaboración con ETA y en 2009 por pertenencia a banda armada. Es responsable de la explosión de una gasolinera, de robos de vehículos a mano armada, del asalto al gobierno militar de San Sebastián y del secuestro del director de Michelín Luis Abaitua, que fue retenido en una cueva de Elgóibar durante diez días.

¿Y las consecuencias de semejantes actos? Un reparador de gas no puede llegar a un geriátrico donde se han quedado en pleno febrero sin calefacción. Un camión de harina no acude a la fábrica donde se hace pan y aquel día se detiene la producción. Un médico no acude a un paritorio y nace una niña con tales dificultades que seguramente le durarán toda la vida. No sigo, ¿para qué? Son ejemplos de gente que he oído esta tarde, nada más. Habrá, y mejor no conocerlos, algunos miles más.

A la izquierda Carlos Sastre Benlliure, secretario general de la Intersindical CSC, una de las personas que fueron convocadas por el expresidente de Cataluña en 2017, Carles Puigdemont Casamajó, en la cumbre independentista celebrada en diciembre de 2016 en el Parlamento catalán.

A la derecha el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el señor Joaquim Torra Pla, político independentista catalán, presidente de la Generalidad de Cataluña desde 2018.

¿Y la responsabilidad? Tales planteamientos descosen por las costuras el disfraz de los maleantes que quieren subvertir la realidad con sus ficciones. No existe ninguna instancia política emanada del pseudorreferéndum del 1-O. No existe mandato del pueblo porque la mayoría de la gente se quedó en casa y solo votaron aquellos convencidos que sabían perfectamente que estaban cometiendo un acto ilegal. No existen los presos políticos, como tampoco existe ninguna clase de represión ni menoscabo de la libertad.

Únicamente ellos, los separatistas, aupados en sus falsificaciones de siempre, enardecidos por políticos que ufanamente los aplauden y promueven, son los que procuran con sus actividades crear un clima de enfrentamiento, por ejemplo, no dejando que los demás se expresen, manipulando su prensa y su TV, despreciando a los que no piensan como ellos, impidiendo que nadie muestre discrepancias y presentándose ante el mundo como el humillado y ofendido pueblo catalán.

Gracias a los terroristas reinsertados constatamos que aquella Cataluña abierta, solidaria y libre que algunos soñaron, no ha existido jamás.

Barcelona, 25/02/2019

Román Langosto

 

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